Por el momento, Perú no se retirará de Corte de San José

El vicepresidente Luis Giampietri, recomendó retirar parcialmente al Perú. Opinión de ex militar no tuvo eco en el Gobierno. Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos se habían pronunciado en contra de dicha posibilidad.

"Nunca nos han favorecido sus sentencias de terrorismo. No creo que sea conveniente que las aceptemos. En consecuencia, propongo, a título personal, hacer un retiro parcial en el tema que juzga los casos de terrorismo", comentó hace unos días el vicepresidente peruano, Luis Giampietri, en referencia a la competencia y a los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Luego de ello, añadió que el tribunal de San José siempre ha fallado "en contra de los intereses del país" y acostumbra "premiar a terroristas (Sendero Luminoso) con indemnizaciones". Esto, cuando la CIDH se encuentra evaluando la interpretación de una sentencia que ordena a Perú indemnizar a los familiares de 41 presos de Sendero Luminoso, fallecidos durante la represión de un motín en 1992 durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Pero cuando la colectividad peruana esperaba, algo indecisa, la posición oficial del Gobierno, o que se reiterara a través de la voz del presidente Alan García, el ex marino se quedó solo. Y es que aunque su voz tuvo resonancia en los medios de comunicación, no tuvo el más mínimo eco en el gabinete ministerial.

De esta forma, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, aclaró que la posición del también congresista oficialista no es compartida por el Ejecutivo. "Es una opinión, tiene derecho a opinar. Además, es una persona independiente, no es la opinión del Gobierno", enfatizó.

En ese mismo sentido, el ministro de la Producción, Rafael Rey, quien 2007 hizo un planteamiento similar al del primer vicepresidente el año pasado, se limitó a comentar que “le corresponde al Gobierno decidir si lo toma en cuenta o no”. Mercedes Aráoz, titular de Comercio Exterior y Turismo, dijo que “es una opinión personal”, y la ministra de Justicia, Rosario Fernández, confesó que antes de emitir una opinión esperará el fallo del Tribunal de San José, con respecto al caso Castro Castro.

Derechos Humanos
Cabe recordar que el vicepresidente de Perú aconsejó el retiro parcial de esta nación de la competencia contenciosa de la CIDH, además de la creación de una instancia de apelación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ante la Organización de Estados Americanos (OEA). El pedido hecho por el ex militar fue muy criticado por diversos organismos como la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Instituto de Defensa Legal (IDL).

Eduardo Vega, defensor adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, sostuvo que el retiro parcial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la creación de una tercera instancia de apelación "no tiene ningún fundamento", y pidió concluir con estos debates, "que no ayudan a fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos".

Ronald Gamarra, de la CNDDHH, además de aclarar que la mencionada iniciativa es "inviable", mientras que Carlos Rivera, de IDL, Giampietri busca evitar futuras sanciones con respecto al caso El Frontón.

Para no olvidar
Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) el conflicto interno peruano dejó más de 69 mil muertos y sus secuelas se siguen viviendo hoy, como lo demuestra la exhumación de una fosa común en el pueblo ayacuchano de Putis, en donde se han hallado restos de 60 campesinos hasta el momento –se estima que podrían ser más de cien-, ajusticiados presuntamente por militares en 1984.

La CVR encontró que en diciembre de 1984, 123 hombres, mujeres y niños de las comunidades de Cayramayo, Vizcatampata, Orccohuasi y Putis fueron ejecutados por el ejército peruano. Según el informe, los militares "sospechaban que los campesinos estaban involucrados con Sendero Luminoso, pero también habría existido interés de los soldados por el ganado de las víctimas, que vendieron poco después del hecho".

En caso de que la CIDH ratifique su fallo, apelado por el gobierno peruano, se deberá pagar entre 70 mil y 80 mil dólares a cada una de las familias que denunciaron a Perú por violaciones a los derechos humanos. Hasta el momento, el presidente Alan García, quien para muchos exhibe actitudes francamente autoritarias, no se ha pronunciado. Cabe recordar que él y Giampietri ya han sido investigados por la masacre del Frontón, sucedida durante el primer gobierno de García y, aunque salieron absueltos de toda culpa, en la prensa todavía hay dudas de su participación en los lamentables acontecimientos.



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